La responsabilidad civil es el mecanismo jurídico que permite a una persona reclamar los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la actuación de un tercero. En la práctica, se trata de una de las áreas con mayor volumen de litigios en Tenerife, dada su aplicación transversal a múltiples situaciones cotidianas.
Para que prospere una reclamación, deben concurrir tres elementos esenciales: existencia de un daño, conducta negligente o dolosa y relación de causalidad. Aunque pueda parecer evidente, la prueba de estos elementos es, en muchos casos, el principal obstáculo.
En el ámbito de los accidentes de tráfico, por ejemplo, no basta con acreditar el siniestro. Es necesario valorar correctamente las lesiones, secuelas y perjuicios económicos, aplicando baremos actualizados y, en muchos casos, apoyándose en informes periciales médicos.
En situaciones de negligencia profesional —médica, técnica o jurídica—, la complejidad aumenta, ya que es necesario demostrar que la actuación del profesional se apartó de los estándares exigibles. Esto requiere un análisis técnico profundo y la colaboración de expertos.
También son frecuentes las reclamaciones por daños en viviendas o locales, especialmente derivados de filtraciones, incendios o defectos constructivos. En estos casos, la determinación del responsable (vecino, comunidad, aseguradora o promotor) resulta clave.
Un error habitual es aceptar ofertas de indemnización de aseguradoras sin una valoración independiente. Estas propuestas suelen estar por debajo del daño real sufrido. El asesoramiento jurídico permite negociar en condiciones de igualdad o, si es necesario, acudir a la vía judicial.
En definitiva, la responsabilidad civil no solo consiste en reclamar, sino en hacerlo con una estrategia probatoria sólida que maximice las posibilidades de éxito.